Seguridad

Con la seguridad pasa lo mismo que con con otros términos, como “pobreza” o “violencia”, que ahora gusta de ponerles un apellido, cual cascabel al gato. Del apellido que este genealogista les quiere hablar es de “jurídica”, para conformar ese concepto mágico denominado “seguridad jurídica”.

Pocos términos me fascinan tanto como el que aquí nos disponemos a diseccionar. Quizá se aproxime “lucro cesante”. Cada vez que lo escucho me imagino a un objeto o ser que poco a poco va menguando, hasta quedar en apenas un puntito o una raya, algo muy pequeño, casi imperceptible.

Pues bien, “seguridad jurídica” es uno de esos palabros o pareja de palabros, como las de la Guardia Civil, que enseguida esgrimen las liberales o sus adláteres periodistas, cúpula del PSOE y demás poderosas cuando alguien propone un cambio que mengua sus privilegios, se entiende de los que cortan el bacalao, claro.

Es curioso como entonces dejan de ser reformistas. Si se tocan las cosas del comer entonces hay que resoplar, y decir aquello que todas hemos escuchado en el trabajo de “huy, esto habría que mirarlo con calma”, como cuando mi doña me dice que me encarame a una escalera, que ella tiene vértigo, para desenroscar una bombilla. Qué pereza.

Aquí entonces ya no hay tanta prisa por cambiar cosas, por no ser sectaria, por esto por lo otro. Aquí se echa el freno de mano y se empieza con excusas de mal pagador. Está pasando recientemente con la intentona de regulación de los precios del alquiler, pero antes ha pasado con las bonificaciones o no a las instalaciones de renovables y con tantas y tantas cosas que de una forma u otra cambian las reglas del juego.

Si las reglas del juego cambian en sentido positivo para las poderosas, entonces es reformismo, es suprimir trabas administrativas y es bueno. Si se quiere poner coto a sus abusos más o menos legales, entonces caca.

Toda esta perorata me venía al magín el otro día escuchando un audio sobre renta básica universal (RBU para las entendidas). Abro digresión. Esta, “podcast”, es la última vez que emplearé ese término, porque el otro día me enteré que lo acuñó un periodista al contraer una marca comercial y la palabra “emisión” en el idioma de Michael Robinson, que por cierto descanse en paz. Cierro digresión. Pues eso, que estaba yo escuchando ese programa y me vino a la cabeza las pensiones de jubilación. Porque esta es otra, aunque la parte de la leona1 sean las de jubilación, cerca del 72%, hay otro tipo de pensiones que suelen ser excluidas del debate y de la tan cacareada “sostenibilidad del sistema de pensiones”. Aquí debería abrir otra digresión, para hablar sobre lo curioso que resulta que solo se sitúe en el debate público la sostenibilidad de las pensiones, y no de otro tipo de cosas, como la sociedad industrial en su conjunto y los nefastos efectos que tienen para la vida, presente y futura.

Pues bien, pensiones de jubilación. Y ¿qué tiene que ver las pensiones de jubilación con la seguridad jurídica? Pues aquí conviene recordar de nuevo el binomio personas – capital, rentas del trabajo vs rentas del capital y todo aquello que oponga, por delirante que sea, a la persona y al fruto de su trabajo cuyo goce y solaz acapara ese denominado 1%. ¿No es acaso el empeoramiento (me niego a llamar a eso reforma) de las condiciones para obtener una pensión de jubilación un atentado contra la sacrosanta “seguridad jurídica”?

Voy a plantear el debate en términos de grupos de interés, que son afectados por un cambio concreto en una regulación concreta. Un grupo de interés, el de las propietarias de vivienda puestas a disposición para ser alquiladas, se ve afectado negativamente por una hipotética regulación. Y seré malo, voy a pensar que las palabras que le escuché a la ínclita Maria Jesús Montero acerca de las “dudas legales” que presuntamente supondría una eventual limitación en el precio de los alquileres puede caer en el saco del anatema, de la “inseguridad jurídica”. Y para ser aún más claro, por “inseguridad jurídica” en este caso debemos entender lo compungidas que nos quedamos al saber que fondos buitre o personas avaras, que acaparan decenas o centenares de vivienda, sin preocuparles absolutamente nada las “bichas” que en ocasiones las moran y que deben ser expulsadas a porrazos por las fuerzas del orden que por supuesto estas entrañables propietarias no pagan directamente, van a dejar de ganar los euros que habían pensado que iban a ganar porque de la noche a la mañana no van a poder subir el precio del alquiler lo que le salga de sus genitales.

Pues bien, ni siquiera voy a plantear el asunto en términos de dos grupos, las propietarias y las inquilinas, cuyos intereses se contraponen y cual de los dos es más numeroso. Dejemos por un momento este ejemplo de “inseguridad jurídica” en la nevera, junto al Moët Chandon y el paté La Mina. Volvamos ahora por un momento a las pensiones.

Desde una óptica liberal, neoliberal, liberticida o como mejor les guste a ustedes denominarla las personas, como somos emprendedoras y empresas unipersonales, pues también tomamos nuestras decisiones de inversión, gasto, etc. Ojo a la tontería, pero es así como piensan nuestras amigas, las ganadoras de la globalización, con términos como “marca personal”, etc. Asimilan características de empresa a las personas, así de ridículo. Pues bien, como somos personas-empresas creo que sería justo también invocar el comodín de la “seguridad jurídica” para exigir que no se cambien a media partida de la carrera laboral las condiciones de acceso a una pensión de jubilación.

Para ser más preciso hablamos de relación entre bases de cotización y porcentaje de la misma que vamos a cobrar, número de años cotizados y relación con esos porcentajes y edad de jubilación. Esos tres parámetros siempre van a peor. Si nos vamos a uno de los trágicos ejemplos de aplicación real del neoliberalismo, Chile, veamos cómo están ahora aquellas personas que decidieron hacer caso al bombardeo, vaya usted a saber si no a la coerción o a la imposición, de tener un plan de pensión privado en lugar de uno estatal. Supongo que al borde del suicidio. Me contaba una amiga chilena que su mamá, me encanta que se use ese término cariñoso sin importar la edad de la persona, ahora cobraba unos 650 € de pensión precisamente porque no le dio la gana pasarse a un plan de pensiones privadas. La cifra estimada que me dio, si no recuerdo mal, en caso de que hubiera tomado la otra decisión era de 150 €.

Y si asumimos el postulado por otro lado absurdo y neoliberal de que las personas somos empresas y de que por tanto nos asiste el salvavidas de la “seguridad jurídica” vamos a añadirle, cual cóctel populista y tendencioso, la cosa cuantitativa. ¿Cuantas personas cobran una pensión de jubilación actualmente? Más de 6 millones, y subiendo.

El planteamiento no pasa de ser una pequeña broma para mostrar lo ridículo del término. A mi me parece que no se puede pretender por un lado que el Estado regule, siempre a mi favor, pero que por otro lado se adelgace, para que mis empresas puedan hacer y deshacer lo que les de le gana. Pero ¿no habíamos quedado que los mercados son perfectos? ¿Hay que regular o no? ¿O solo hay que regular, y mantener, cuando a mis empresas e intereses se beneficia?

Lo ridículo del planteamiento me parece a estas alturas probado.

1http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/48f5a4e3-20ac-40bc-86da-ebdb78f145ce/202103_Avance+mensual.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=linktext&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_9H5AH880M8TN80QOV0H20V0000-48f5a4e3-20ac-40bc-86da-ebdb78f145ce-nxHRc4F

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *